
MILENIO DIARIO
Autonomía relativa
24 De Marzo De 2010
La visita del equipo de primer nivel del gobierno norteamericano a nuestro país es una muestra clara de que el combate al crimen organizado es una responsabilidad compartida. La preocupación externada por las autoridades estadunidenses, luego de los crímenes de personas vinculadas a su consulado en Ciudad Juárez, ha ido más allá de una declaración o muestras de consternación y reprobación.
Si bien es cierto que los brotes de violencia se han dado de este lado de la frontera, no es descartable que el asunto en cualquier momento pase para el norte. Esto tiene sentido por los informes de que la banda de Los Aztecas tiene un número significativo de miembros en la ciudad de El Paso. El contrabando de armas de Estados Unidos a nuestro país es parte del problema y podemos suponer que un porcentaje elevado de ese armamento ilegal se queda en las ciudades fronterizas de nuestro país.
El caso del pandillerismo o de bandas organizadas contratadas por cárteles del narcotráfico no es algo reciente. Vale recordar que hace más de una década cobró fama una banda denominada Barrio Logan y que operaba de manera central en San Diego. El cártel de los Arellano los contrataba para cometer crímenes tanto en Tijuana como en otras partes de la frontera norte. Las implicaciones de las acciones del crimen organizado no son exclusivas de este lado de la frontera. Estamos ante problemas comunes con magnitudes distintas en diferentes áreas. No se puede desvincular el tránsito de la droga de un lugar a otro sin tomar en cuenta al consumidor. Sin duda alguna que la lucha contra el narcotráfico, es algo que se hace en México por beneficio de nosotros mismos, pero tampoco podemos negar que un beneficiario directo de esa lucha es Estado Unidos. Droga decomisada aquí es droga que no llega al consumidor norteamericano.
Es claro que, como señalaba un editorialista del Times la semana pasada, uno de los problemas de México en esta batalla es ser el vecino del consumidor más grande del mundo. Pero eso no nos exime de responsabilidad, puesto que estas organizaciones criminales corrompen, no solamente a las autoridades de distintos niveles, sino también ciudadanos con el consecuente resquebrajamiento del tejido social.
Lo sucedido en Nuevo León es un triste ejemplo. Tan solo el año pasado vimos imágenes de decenas de personas encapuchadas que paralizaron las calles de Monterrey para exigir la salida del Ejército y suspender los operativos. Ahora, desgraciadamente vemos las escenas de muertos y balaceras, de estudiantes inocentes muertos en medio de una refriega.
Mal hacemos si dejamos la responsabilidad compartida en el ámbito de los acuerdos logrados entre los gobiernos de ambos países. El legislativo mexicano también tiene responsabilidades: es hora de que hagan las leyes necesarias para que los gobiernos cuenten con herramientas eficaces para esta lucha. Los gobiernos locales también deben asumir su responsabilidad en materia de seguridad y combate a la corrupción. Es cierto, esta es una responsabilidad compartida. Que cada quien asuma su parte
Autor: Juan Ignacio Zavala
juanignacio.zavala@milenio.com
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