Gasolina, corrupción y castigo

Autor: Rubén Salazar E.

En estos últimos días hemos padecido escasez de gasolina en algunos puntos de México. De acuerdo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los inconvenientes en al abasto del combustible obedecen a que las autoridades han iniciado a golpear el negocio del “huachicoleo”.

Sin embargo, más allá del cierre de los ductos que conducen la gasolina hacia el centro y occidente del país, está una lucha de poder entre el gobierno federal y los intereses que existen dentro y alrededor de Petróleos Mexicanos.

Está perfectamente documentado que en el robo de combustible existe colaboración de empleados de todo nivel de PEMEX; que si los cárteles de la droga se han hecho de ese negocio ilícito, es debido a que desde dentro de la paraestatal, se crea la logística para que los grupos de la delincuencia organizada distribuyan la gasolina en los territorios en los que tienen control; y que hay empresarios que se benefician con las enormes ganancias que genera el “huachicol”.

Desde el lejano 1989, año en el que el entonces presidente, Carlos Salinas, encarceló (más por una venganza política que por un combate a la corrupción) al líder petrolero, Joaquín Hernández Galicia, mejor conocido como “La Quina”, ninguna administración se había atrevido a desafiar al poderoso sindicato de petroleros. Es por ello que el hecho de que López Obrador tome decisiones radicales al respecto, incluyendo revisar el papel que juega el sindicato de PEMEX en la ordeña de ductos, es de aplaudirse. No obstante, aunque la medida es loable, el éxito de la operación “antihuachicoleo” radica en los resultados que se den respecto a fincar responsabilidades y castigo a quienes, por años, se han enriquecido a costa del robo de hidrocarburos.

Pero además de la grosera corrupción que desde la cabeza del sindicato se ha enquistado en PEMEX, están los gobiernos pasados (principalmente los 2 anteriores) en cuyas administraciones, se incrementó de manera exponencial el robo de combustible así como el empoderamiento de cárteles del narcotráfico que se hicieron del muy rentable negocio que conlleva la venta ilícita de gasolina. Es por ello que será inevitable que la sociedad exija que se investigue y, en su caso, se enjuicie a quienes permitieron el saqueo que hoy nos ocupa.

Insisto en que la fortaleza del Estado que pretende instituir López Obrador debe estar acompañada de consecuencias hacia quienes trastocan los intereses de la nación, lo cual no necesariamente involucra el uso indiscriminado de las fuerzas militares (entiéndase con ello la figura de la Guardia Nacional), pues esto sería repetir los errores que cometieron los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña, quienes llevaron al país a sumirse en una espiral de violencia que, hasta hoy, no parece tener fin. Hoy, más que nunca, se necesita actuar con inteligencia para debilitar a los criminales en sus finanzas y realizar operativos policiacos quirúrgicos en contra de los delincuentes de cuello blanco que, a fin de cuentas, siempre resultan ser los verdaderos capos.

Adicionalmente, y no menos importante, para transparentar y provocar un mejor entendimiento de sus acciones, AMLO y sus colaboradores tendrían que mejorar su estrategia de comunicación. De nada sirven las maratónicas conferencias mañaneras en las que abundan la subjetividad y las evasivas que solo incitan a la desinformación, a las conjeturas y a la proliferación de rumores absurdos.

Si la lucha contra el saqueo del patrimonio de los mexicanos va en serio, López Obrador contará con el apoyo de millones de mexicanos (me incluyo), si por el contrario, con el tiempo los resultados son más sangre y menos castigo, la propia sociedad nos encargaremos de reclamarle.